Varios expertos advirtieron este viernes que una decisión de la Corte que ordena quitar la ciudadanía a miles de dominicanos nacidos en República Dominicana e hijos de inmigrantes haitianos podría causar una grave crisis de derechos humanos, causaría deportaciones masivas y una discriminación y racismo generalizado.
El fallo del Tribunal Constitucional dominicano es final y le otorga a la Comisión Electoral dominicana un año para elaborar una lista de las personas a las que se les quitará la ciudadanía, pese a haber nacido y vivido toda su vida en República Dominicana.
La decisión judicial publicada ayer jueves se aplica a todos los nacidos desde 1929, que incluye mayoritariamente a los haitianos traídos a República Dominicana para trabajar en granjas y a sus descendientes.
Ira Kurzban, un abogado de inmigración en Miami, dijo este viernes que semejante decisión dará lugar a un aumento de la discriminación y, posiblemente, la deportación de decenas de miles de personas.
No se ha definido con precisión el número de personas que serán afectadas por esta disposición. Los funcionarios dominicanos se encuentran actualmente analizando las partidas de nacimiento de más de 16.000 personas.
Por otro lado, las autoridades electorales dominicanas se han negado a emitir documentos de identidad a unas 40.000 personas de ascendencia haitiana. El gobierno estima que unas 500.000 personas nacidas en Haití viven en República Dominicana.
“Que de repente te digan que no eres dominicano es muy frustrante”, dijo Elmo Bida José, un estudiante de 21 años a quien le fueron negados los documentos de identidad y una copia de su certificado de nacimiento porque es hijo de inmigrantes haitianos.
«Todos mis sueños se han roto «, dijo Bida, un jugador de béisbol que necesitaba esos documentos para inscribirse en una academia de béisbol. Ahora le preocupa la posibilidad de ser deportado.
David Abraham, profesor de derecho en la Universidad de Miami, explico este jueves que la decisión de las autoridades dominicanas era parte de un esfuerzo mayor para impedir que los haitianos entren a República Dominicana y para fomentar la auto-deportación de los haitianos en suelo dominicano.
Abraham se refirió a las diferencias raciales entre los haitianos, predominantemente negros, y los dominicanos, mestizos y mulatos, así como la difícil situación de Haití como uno de los países más pobres del mundo.
“El temor de la República Dominicana de ser rebajada económicamente al nivel de Haití y por otro lado la posibilidad de un ‘ennegrecimiento’ del país han sido una obsesión permanente de los políticos dominicanos durante más de un siglo”
David Abraham, profesor de derecho en la Universidad de Miami.
Los dominicanos de lengua española y los haitianos de lengua creole comparten la isla caribeña de La Española y tiene una larga historia de conflictos con un trasfondo de discriminación racial de parte de República Dominicana, que incluyen guerras y masacres, como la Masacre del Perejil.
En octubre de 1937 el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en territorio dominicano. Las acciones de sus soldados y policías contra civiles de origen haitiano, en su mayoría peones agrícolas, dejaron entre 20.000 y 35.000 muertos, incluyendo dominicanos hijos de padres haitianos.
Las relaciones entre ambos países mejoraron relativamente tras el terremoto de 2010 que devastó Haití, donde murieron unas 300.000 personas. Sin embargo las tensiones entre ambos países han vuelto.
La oficina del primer ministro haitiano, Laurent Lamothe se negó a comentar sobre el fallo de la justicia dominicana.
Hasta 2010, la República Dominicana otorgaba automáticamente la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio. Pero ese año el gobierno aprobó una nueva Constitución que estableció que la ciudadanía dominicana será otorgada solamente a los nacidos en su territorio y que al menos uno de los padres sea de sangre dominicana o cuyos padres extranjeros sean residentes legales.
Citando esa Constitución, el Tribunal dictaminó que todos los migrantes haitianos que llegaron a trabajar en los cañaverales dominicanos después de 1929 estaban “en tránsito”, y que por lo tanto, sus hijos no tenían el derecho automático a la ciudadanía sólo por haber nacido en República Dominicana.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de protección de los migrantes dijeron que la decisión de la Corte dominicana empujará a muchas personas a vivir en la clandestinidad, privándoles del acceso a las necesidades básicas y los servicios públicos.
Defensores de los derechos humanos dijeron que lo más probable es que buscarán la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez podría someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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