La reputación de Canadá como líder mundial en los derechos humanos ha recibido un golpe.
Un estudio de diez años realizado por las Naciones Unidas concluye que Canadá no solo está fallando en cumplir con las metas y obligaciones internacionales, sino que está retrocediendo cada vez más.
Y lo más preocupante es el hecho de que activistas de derechos humanos en Canadá se preguntan si a los responsables de la defensa de nuestros derechos les importa realmente el tema.
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Violencia contra las mujeres aborígenes, ley antiterrorista, uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un balance crítico de Canadá en esta materia.
El primer informe de la ONU sobre Canadá en 10 años publicado el jueves, mide si el país ha cumplido con sus obligaciones de derechos humanos.
Al menos 26 organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, Amnistía Internacional Canadá y Human Rights Watch, presentaron sus propios informes por separado al comité independiente de 18 miembros sobre las distintas cuestiones.
La mitad del informe concierne los derechos de los pueblos aborígenes, con un enfoque en las mujeres aborígenes muertas o desaparecidas.
«Se habla también de su sobrerrepresentación en la cárcel, su derecho al consentimiento libre e informado cuando uno va en su territorio para explotar los recursos, los servicios a los niños», dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para el Canadá francófono, Beatrice Vaugrante.
El Comité recomienda que Ottawa lleve a cabo una investigación nacional y pública de las mujeres aborígenes asesinadas o desaparecidas. Una demanda exigida por muchos grupos de defensa de derechos indígenas, líderes de las Primeras Naciones y ex primeros ministros.
«Este es exactamente el tipo de investigación que queremos, igual que los enviados especiales que investigaron […] todos van en la misma dirección», dijo la coordinadora del programa en Administración Pública aborigen de la ENAP, Michelle Audette.
El Comité de la ONU pide también a Ottawa implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las escuelas residenciales, además de poner fin a la asimilación de las lenguas de las Primeras Naciones. Según la Sra. Audette, eso sería «un buen paso» por parte del Gobierno, con el que el diálogo se «cortó» desde el advenimiento de los conservadores.
Ley antiterrorista, manifestaciones y desigualdades salariales
La Ley Antiterrorista aprobada en 2015, proveniente del proyecto de Ley C-51, también es parte de las deficiencias señaladas por el informe de la ONU.
La vigilancia masiva y el aumento de los poderes del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) representan un riesgo para los derechos humanos, indica el análisis de la ONU. Una vez aplicados plenamente, podría incluso llevar a Canadá a violar convenios internacionales que ha suscrito.
También se informa de las violaciones de los derechos humanos cometidos en el extranjero por las empresas mineras canadienses. Debe crearse un mecanismo independiente para que las víctimas de estos abusos puedan utilizarlo, sugiere el comité.
Otro aspecto abordado es la situación de los migrantes y denuncia el encarcelamiento sin límite de tiempo de algunos solicitantes de asilo.
Sobre el derecho a manifestar, Naciones Unidas está preocupada por el uso excesivo de violencia por parte de las autoridades y las detenciones masivas que tuvieron lugar durante ciertos eventos. Nombra como ejemplo las que se produjeron durante la Cumbre del G-20, en 2010, así como la de primavera de los estudiantes en Quebec, en 2012, y más recientemente, las manifestaciones en 2015.
«Claramente, estamos diciendo: atención, estamos tocamos incluso a los defensores de los derechos humanos. El espacio del derecho a disentir, el espacio del derecho a decir que no estamos de acuerdo, y a mostrarlo en una manifestación, está siendo atacado. » – Béatrice Vaugrante, secretaria general de Amnistía Internacional para el Canadá francés
El informe recomienda al Gobierno «garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza sean procesadas con prontitud e imparcialidad.»
El uso de la ley de impuestos contra organizaciones no gubernamentales y la brecha salarial entre hombres y mujeres – en particular en Alberta y Terranova y Labrador – también han sido señalados.
Y por primera vez en este informe publicado cada 10 años, el comité denunció la falta de cooperación del gobierno en algunos expedientes.
A los ojos de Béatrice Vaugrante, este informe de la ONU se resume en una regresión de los derechos humanos en el país.
Canadá deberá ahora explicar por escrito cómo se propone el seguimiento de este informe, para mejorar su historial de derechos humanos.
Lista de algunas de las críticas y recomendaciones del comité de la ONU:
*Negocios: «abusos de los derechos humanos por parte de empresas canadienses que operan en el extranjero, en particular, las empresas mineras,» deben ser abordado por una autoridad independiente y un marco que dé a las víctimas la posibilidad de recursos legales.
*Igualdad de género: El comité señala «la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres» en Canadá y quiere una legislación de ingreso justo en todo el país «, con un enfoque especial en las minorías y las mujeres indígenas.»
*Violencia contra las mujeres: la violencia persistente contra las mujeres en Canadá, y «la falta de datos estadísticos sobre la violencia doméstica», lleva al Comité a pedir mejores protecciones legales para las víctimas, y más refugios y servicios.
*Mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas: A raíz de los informes sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas, el comité dijo que «las mujeres y las niñas indígenas son desproporcionadamente afectadas por las formas de violencia, homicidios y desapariciones que amenazan la vida». Dice que debería haber una investigación nacional.
*Proyecto de ley C-51: la nueva ley antiterrorista de Canadá permite la vigilancia de masas y demasiado intercambio de información dice el comité. Sugiere que Canadá debería revisar esa ley y permitir mejores garantías jurídicas.
*El uso de la fuerza por la Policía: El comité señala la fuerza excesiva durante las protestas como las del G-20 en 2010 y recomienda investigaciones imparciales rápidas, junto con el enjuiciamiento de los responsables cuando se justifique.
*Los refugiados y la inmigración: al comité le preocupa que a las personas provenientes de países designados como “seguros» se les niega una audiencia de apelación ante la División de Apelación de Refugiados y sólo se les permite una revisión judicial ante el Tribunal Federal» – lo que aumenta el riesgo de que puedan ser expulsadas.
El comité de la ONU pide al gobierno responder en el plazo de un año respecto a lo que se propone hacer sobre estos temas planteados en repetidas ocasiones.
CBC/Radio Canada
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