El gobierno de Justin Trudeau terminará con las auditorías sobre las actividades políticas de las organizaciones benéficas, una medida impuesta por los conservadores que había sido criticada en su momento por las organizaciones no gubernamentales.
La Agencia de Ingresos de Canadá (ARC) completará de todas maneras todas las auditorías en curso de 24 agencias.
La Ministra de Hacienda, Diane Lebouthillier, dijo esta semana que los resultados de las auditorías previas permiten llegar a la conclusión de que las organizaciones «observaron sustancialmente las reglas» acerca de sus actividades políticas.
En una entrevista, ella sugirió que las organizaciones necesitan más de apoyo que de una caza de brujas. «Nuestro papel como gobierno es ayudar a estas organizaciones a ayudar a las personas», argumentó.
En 2012, los conservadores de Stephen Harper habían concedido un presupuesto especial de $ 13,4 millones a la ARC para investigaciones afín de asegurar que las organizaciones de beneficencia se plegaban a la regla del 10%. La regla es que las organizaciones no pueden dedicar más del 10% de sus recursos a las actividades políticas.
El ejercicio fue recibido con ansiedad por organizaciones benéficas que temían los cortes de presupuesto si eran críticos con el gobierno conservador. La primera ola de verificaciones apuntaba principalmente a grupos ambientales, pero también a grupos de lucha contra la pobreza, la protección de los derechos humanos y organismos de caridad religiosos.
La ARC nunca reveló la identidad de los grupos sujetos a una auditoría sobre sus actividades políticas, pero investigaciones de la red pública de CBC y del cotidiano La Presse habían identificado sobre todo a Équiterre, la Fundación David Suzuki, Amnistía Internacional Canadá, Kairos y Canadá sin pobreza.
Para el director general de Équiterre, Sidney Ribaux, es evidente que sólo las organizaciones más progresistas fueron objeto de auditoría.
«Las organizaciones que compartían los puntos de vista de los conservadores no eran objeto de auditoría, señaló. Está claro que la motivación de este programa entonces era política en el sentido partidista. Entonces poner fin a esto, esta es una muy buena noticia. »
Entre las 30 organizaciones que han sido objeto de auditoría, cinco han sufrido la revocación de su registro, pero por razones que van «más allá» de sus actividades políticas, dice Ottawa. Sin estatus oficial de organismo de caridad, los organismos de beneficencia tienen muchas más dificultades de solicitar a los donantes, ya que no pueden emitir recibos para efectos del impuesto.
Leilani Farha, directora de Canadá sin pobreza, sostiene que el principal problema que estaban causando con la auditoría era hacer callar las voces que de otro modo no eran escuchadas, en el caso de su organización, la de los pobres.
«Sin nuestra organización, no tienen voz política. Y eso es tan importante en una democracia abierta «, insistió.
Tanto Canadá sin pobreza como Équiterre recibieron la visita de los auditores por sus actividades políticas, pero, años más tarde, todavía no han recibido los resultados de esa auditoría. Por lo tanto, son parte de las 24 agencias cuyas auditorías todavía están en curso.
Las ONG mencionadas utilizaron muchos recursos para cumplir con los requisitos de auditoría, cuando estos grupos a menudo tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Además, la definición de «actividad política» está lejos de ser clara. En su carta de compromiso, la ministra recibió el encargo del primer ministro Justin Trudeau de «modernizar las normas que rigen los sectores de las organizaciones benéficas «, incluyendo «aclarar» las normas que rigen la actividad política.
La ministra Lebouthillier tiene la intención de consultar sobre el tema a las ONG en el país.
La Sra. Farha sugiere particularmente eliminar el límite de 10%, conservando la prohibición de las actividades puramente partidistas.
«El gobierno debe modernizar la ley si quiere hacer frente a la pobreza, tenemos que ser capaces de impulsar un cambio en las políticas, leyes y programas», dijo.
Sus opiniones deberán ser escuchadas por la ministra. «Todas las ideas son buenas de analizar. Habrá discusiones y creo que [la idea] es lograr consenso en torno a la mesa «, dijo la Ministra de Hacienda Lebouthillier.
Entre 800 a 900 organizaciones benéficas por año están sujetas a una auditoría regular de la ARC.
La ministra Lebouthillier subraya la necesidad de establecer una barrera entre la ARC y la política partidista. «Lo que no queremos es que la política interfiera en todos los aspectos administrativos de la Agencia de Ingresos «, dijo.
Radio Canadá/La Presse Canadienne
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.