En el marco del quincuagésimo séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo esta semana en la ciudad de Guatemala, el organismo canadiense de la sociedad civil, Abogados Sin Fronteras Canadá participará junto a sus asociados en Guatemala, el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, en una conferencia en torno a la sentencia de la justicia guatemalteca en el caso Chichupac, dictada el 30 de noviembre de 2016.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2014, al menos 71 personas fueron torturadas y masacradas por el ejército de Guatemala y miembros de la autodefensa civil, vinculados al gobierno, en diferentes hechos ocurridos entre 1981 y 1986, cuando el país centroamericano se hallaba gobernado por una serie de violentas dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos.
En la ocasión, una copia de la sentencia será entregada simbólicamente al gobierno de Guatemala (Ministerio Público) con el fin de que los responsables de las matanzas de Chichupac sean sancionados.
La sentencia de la Corte ordenó al Estado de Guatemala reparaciones por los hechos relacionados con las masacres cometidas en el pueblo de Chichupac, departamento de Baja Verapaz entre 1981 y 1986. Allí fueron cometidas “masacres, violación sexual, omisión de auxilio, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, detenciones ilegales y/o trabajo forzado, ejecutados por el Ejército de Guatemala y sus colaboradores, como consecuencia de una política destinada a la persecución y exterminio de las comunidades mayas.” También se produjo el desplazamiento de comunidades indígenas en su mayoría maya achí de la localidad de Chichupac.
La Corte concluyó en su juicio que el Estado de Guatemala es responsable de la violación del derecho a la vida, la integridad humana y la libertad de la persona.
El fallo determinó que el Estado debía asumir una serie de obligaciones, sobre todo el poner fin a la impunidad de la que gozan los autores de masacres, continuar llevando adelante las acciones necesarias para determinar el destino de las personas desaparecidas y proporcionar a las víctimas servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos.
Debido a que el Estado guatemalteco no cumplió adecuadamente con su obligación de ofrecer reparación a las víctimas, la organización Abogados sin Fronteras Canadá ha apoyado a su socio local, el Bufete Jurídico Popular de
Rabinal, que representa a las víctimas de Chichupac, para llevar el caso ante la Corte, mediante el apoyo técnico de abogados y el envío de cooperantes voluntarios.
Radio Canadá internacional pudo conversar sobre el caso con Pascal Paradis, director ejecutivo de Abogados sin Fronteras Canadá.
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