En el marco de la lucha contra el cambio climático, que Canadá ha señalado en varias ocasiones como una de sus prioridades, la imposición de un impuesto a las emisiones de carbono constituye una parte esencial de esa política.
En ese sentido, las provincias canadienses deberán decidir antes del fines de 2018 su propio marco para una tasa a las emisiones que se aplicará a todo su territorio. En su defecto, será la administración federal la que imponga su propuesta.
Opciones disponibles
En la iniciativa sobre la que se encuentra trabajando Ottawa, y que presentó este jueves 18 de mayo a los gobiernos provinciales, se bajaran 3 modelos para la aplicación del impuesto: la primera se refiere a que cada distrito imponga su propio gravamen, con una tarifa que comenzaría en 10 dólares por tonelada de carbono; la segunda opción se refiere a la implementación de límites a dichas emisiones y la comercialización de las cuotas y, en tercer y último lugar, una mezcla de ambos modelos, tal como se encuentra vigente en Alberta.
Canadá acordó recortar sus emisiones contaminantes hacia 2030 en un valor 30 por ciento inferior a los niveles vigentes en 2005, lo que algunos analistas señalan como una meta demasiado pretensiosa.
En efecto, para lograr ese objetivo, el país debería reducir los gases que suelta a la atmósfera en 200 millones de toneladas en 13 años.
Por otro lado, hay quienes sugieren que si bien imponer un impuesto a las emisiones podría ayudar a mejorar la situación, lo más práctico y efectivo sería reforzar los comportamientos y hábitos que privilegian la ecología, como reducir la circulación de automóviles, bajar el consumo de electricidad, facilitar la reconversión de la industria para que consuma “energía verde” y otros.
El caso de Alberta
La provincia que es conocida por ser el principal centro petrolero del país elaboró su propio modelo de tasa a las emisiones de carbono.
En el caso de Alberta, ese modelo incluye un gravamen directo sobre el transporte y los combustibles de calefacción, al tiempo que los grandes emisores de gases cuentan con un esquema de cuotas y comercio de las mismas.
Los recursos que genera el sistema tiene su frutos bien visibles para los habitantes: los sectores de ingresos bajos y medios se han visto beneficiados al recibir cheques de reembolso. Por otra parte, las pequeñas empresas también se ven beneficiadas con reducciones de impuestos, mientras que otra parte del dinero se destina a impulsar proyectos de energía renovable.
La ministra federal de Medioambiente, Catherine McKenna, hizo pública la propuesta de la administración de Justin Trudeau con la esperanza de que cada provincia elija el modelo que más se adecué a sus necesidades, antes de que venza el plazo en 2018.
La funcionaria dijo que en caso que las provincias no logren establecer un esquema propio, el gobierno tiene autoridad para imponer un impuesto al carbono, ya que la protección del medioambiente releva directamente de jurisdicción federal.
Resistencias
El temor a un conflicto entre las diversas jurisdicciones a partir de lo que podríamos nombrar como un “gravamen a la contaminación” reside, básicamente, en que muchos mandatarios provinciales no ven que sea el actual un momento propicio para imponer mayores cargas monetarias, en tiempo donde las economías de distintas regiones del país están enfrentando problemas y las proyecciones a futuro no son las más atractivas.
Mientras que Columbia Británica y Alberta ya tienen sus propios modelos en vigencia, Saskatchewan y Manitoba se resisten a la idea y ya anunciaron que harán lo posible para evitar injerencia de Ottawa en sus jurisdicciones.
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