El proyecto de ley del gobierno liberal que se propone modificar la Ley Antiterrorista de los conservadores del expremier Harper espera que el Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS) ya no pueda detener o torturar a una persona en el contexto de «una medida para reducir una amenaza para la seguridad nacional».
La Ley contra el terrorismo aprobada por los conservadores en 2015 confió al Servicio Canadiense de Inteligencia y de Seguridad (CSIS) el poder explícito de «tomar medidas, incluso fuera de Canadá» para «reducir» cualquier amenaza a la seguridad de Canadá, «si existían motivos razonables para creer que una actividad en particular representaba una amenaza.»
El CSIS podía entonces ir más allá de la recopilación de información sobre esas amenazas reales o aprehendidas y tomar medidas concretas para desactivarlas. En el marco de esas medidas, los agentes del CSIS no podían, sin embargo, «voluntariamente o por negligencia criminal matar o herir a una persona, intentar deliberadamente de cualquier manera obstruir o desviar la acción de la justicia o poner en peligro la integridad sexual de una persona».
Los liberales añaden entonces a esta lista la tortura y la detención, así como el acto de «causar la pérdida de bienes o de daños graves si eso atentaba contra la seguridad de un individuo.»
El gobierno liberal ha conservado varios artículos polémicos de Ley Antiterrorista de los conservadores pero argumenta que medidas de equilibrio sabrán tranquilizar a la población. Los liberales creen también que los cambios en la ley establecerán un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos individuales garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Los observadores argumentaban que la ley actual permitía al CSIS llevar a cabo actividades que podían violar la Constitución.
El proyecto de ley C-59 de los liberales obligaría a partir de ahora al CSIS obtener una orden judicial antes de tomar una medida para «reducir una amenaza hacia la seguridad de Canadá», si esto llegara a violar un derecho o libertad garantizados en la Carta canadiense.
El juez entonces podrá adjudicar ese mandato solo si está «convencido de que las medidas del CSIS son consistentes con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.»
Radio Canadá/La Presse canadienne
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.