Los acuerdos de libre comercio son presentados siempre por sus promotores como el «remedio mágico» que necesitan las economías de los países participantes.
En cada ocasión, tanto las autoridades insisten en que el intercambio libre de barreras aduaneras y arancelarias promoverá el bienestar de las poblaciones de los estados signatarios.
El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, firmado en noviembre de 2008 y que entró en vigor en agosto de 2011, se ha convertido en un ejemplo más de la irrealidad de esas promesas.
Valiéndose del mismo, la firma minera multinacional Gran Colombia Gold, de capitales canadienses, reclamó el derecho virtualmente exclusivo de la explotación del oro en los municipios de Segovia y Remedios.
Se trata de las mismas tierras en la que pueblos afro-americanos llevaban a cabo, desde tiempos inmemoriales, la explotación artesanal del oro, recurso esencial para su supervivencia.
Con la anuencia de las autoridades locales, los pobladores se vieron despojados del derecho de explotación y comercialización del mineral, y se le reconoció a la Gran Colombia Gold el monopolio de la explotación.
Como consecuencia de la situación, el 21 de julio de 2017 se inició un paro que paralizó la actividad económica de sendas poblaciones, provocando incluso un desabastecimiento de víveres.
Según la Mesa Minera de Segovia y Remedios cerca de 12.000 personas participan de los reclamos.
Como era de esperar, la protesta fue criminalizada por las autoridades, quienes iniciaron la represión inmediata de la misma, con un saldo que ya suma 3 personas muertas y 27 heridas.
Paradojalmente, el acuerdo de paz firmado recientemente hace más atrayente que nunca la inversión minera y eso podría perjudicar fuertemente a las economías locales, como está ocurriendo en Segovia y Remedios.
Marie-Christine Duran, investigadora y profesora de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa, nos brinda más precisiones en la siguiente entrevista con Luis Laborda.
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