“Esta empresa ha recibido 7 préstamos por un valor de 850 millones de dólares. O sea, una agencia pública del gobierno canadiense le ha otorgado a esta empresa hasta 850 millones de dólares públicos, para ayudarla a establecer sus operaciones y expandirlas en Brasil. Se supone que este es un beneficio importante y es un privilegio para una empresa. Y por lo tanto, debe haber controles rigurosos y contundentes para una empresa que goza de este privilegio y sin embargo, vemos que ese no es el caso” Karyn Keenan, Directora de Above Ground.
El informe (Swept Aside) presentado este lunes en Ottawa por las organizaciones de Above Ground de Canadá y Justiça Global de Brasil, acusa a la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp de violar los derechos humanos de las poblaciones de Paracatu, una pequeña ciudad situada al es del estado de Minas Gerais, Brasil.
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Residentes del Quilombola. (© Karyn Keenan, 2011)
El informe, un esfuerzo conjunto de Above Ground y Justiça Global, documenta cómo la expansión de la mina Morro do Ouro tiene un impacto negativo en las vidas, tierras y subsistencia de las personas que viven en su cercanía.
La investigación hecha por las dos organizaciones no gubernamentales muestra serias violaciones de los derechos humanos vinculadas a la expansión de la mina Morro do Ouro en la última década. Un período durante el cual, Kinross recibió un sustancial y repetido apoyo financiero por parte del gobierno canadiense.
De acuerdo con otro informe realizado por la Escuela de Derecho Osgoode de la Universidad York de Toronto y hecho público en 2016, 28 compañías mineras canadienses han estado vinculadas en al menos 44 muertes, 403 heridas y 709 casos de “criminalización” en Latinoamérica entre los años 2000 y 2015.
- Reforzar la legislación que rige las actividades en el extranjero de las sociedades bajo su jurisdicción, incluyendo la obligación de que esas empresas lleven a cabo evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos antes de la entrada en vigor de la Convención.
- establecer un mecanismo independiente con facultades para investigar las denuncias de derechos humanos en sus actividades en el extranjero;
- desarrollar un marco legal que ofrezca recursos legales a las personas que han sido víctimas de tales actos de abuso;
- y garantizar que los acuerdos comerciales y de inversión negociados por Canadá reconozcan la primacía de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos sobre los intereses de los inversionistas.
Las recomendaciones a las autoridades brasileñas incluyen la suspensión inmediata de las actividades de la minera de Kinross en Morro do Ouro hasta que se respeten las normas legales y los derechos constitucionales aplicables.
Pablo Gómez Barrios conversó con Karyn Keenan, Directora de la ONG Above Ground
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