La negativa de la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá de investigar el rol que la Embajada de Canadá en México jugó en el asesinato del líder comunitario mexicano Mariano Abarca, dada a conocer el pasado 5 de abril, ha abierto las puertas a una demanda de revisión judicial interpuesta ante las Cortes Federales de Canadá.
Esta acción legal fue lanzada por la familia del fallecido Mariano Abarca, así como por organizaciones de la sociedad civil mexicana, como la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos, A.C., Chiapas, El Centro de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y el apoyo del organismo canadiense Alerta Minera.
Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Abarca, durante una presentación en Ottawa (Foto: Radio-Canadá)
Mariano Abarca fue abatido a tiros frente a su vivienda Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009 por oponerse a las operaciones de la minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad, debido a los impactos negativos, tanto sociales como medioambientales de las operaciones de la minera canadiense.
“En diciembre de 2007, el embajador canadiense encabezó una delegación a Chiapas y se reunió con el gobernador de Chiapas. El Embajador, junto con el Consejero Político organizó reuniones entre Blackfire y el Gobernador de Chiapas, lo que condujo a la firma de acuerdos de uso de la tierra con los ejidos (comunidades campesinas) en cuyas tierras iba a operar la mina Blackfire”, destaca el documento legal presentado por el abogado Shin Imai del Proyecto de justicia responsabilidad corporativa (Justice and Corporate Accountability Project), asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, Osgoode Hall .
José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario mexicano Mariano Abarca, asesinado por oponerse a las acciones de una minera canadiense en el Estado de Chiapas. (Foto: Radio Canadá Internacional)
El documento del abogado Shin Imai, presentado a la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá en febrero de 2018 como argumento para una investigación sobre las actividades de la embajada de Canadá en México en relación a la minera canadiense destaca que “en marzo de 2008, Blackfire comenzó a hacer pagos secretos regulares a la cuenta bancaria personal del alcalde de la localidad de Chicomuselo con el fin de «mantener la paz e impedir que los miembros locales de la comunidad se levanten contra la mina».
En su respuesta de rechazo a la petición, Joe Friday, responsable de la Oficina del Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá destacó que “sus revelaciones no me dan razón suficiente para creer que se cometieron actos indebidos por parte de la Embajada… y que no es de interés público el iniciar una investigación.”
Entrevistada por Radio Canadá Internacional, Jennifer Moore, quien hace parte de la organización canadiense Alerta Minera, destacó que esa respuesta es irresponsable ya que el rol de las embajadas sería simplemente el de apuntalar los intereses económicos de las empresas canadienses en el exterior, sin tomar en cuenta las consecuencias para los derechos humanos de los afectados por las operaciones canadienses.
En 2009, mexicanos se manifestaron frente a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México tras el asesinato de Mariano Abarca, un activista antiminas de Chiapas. (Foto: Associated Press/Eduardo Verdugo)
Por su parte, Jose Luis Abarca, hijo del líder comunitario abatido, señaló en entrevista que su padre les dio a él y sus hermanos el ejemplo del trabajo, de no rendirse y que, desgraciadamente, él espera más justicia de parte de las leyes canadiense, ya que la justicia mexicana se encuentra corroída por la corrupción.
La prueba de ello es que los acusados de haber matado a su padre se encuentran en libertad, dijo el hijo de Mariano Abarca.
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