La suerte del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), y sobre todo la situación de Canadá, siguen generando dudas, cuando faltan pocas horas para que expire el “plazo político” que determinará, en gran medida, si el país continúa siendo parte de un entendimiento tripartito.
El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de haber llegado a un acuerdo bilateral con México, tomó por sorpresa a políticos, al mundo de los negocios y a la opinión pública, aunque el gobierno en Ottawa ya había dado señales de estar al tanto de los avances en las conversaciones entre Washington y México.
Tras suspender un viaje por Europa, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, se encuentra ya abocada de lleno a conversaciones con los representantes locales en la capital estadounidense.
La funcionaria indicó que en las últimas horas se produjeron los documentos y decisiones necesarios para poder comenzar a tomar posiciones concretas en el marco de las conversaciones, que tienen como objetivo limar las diferencias y afianzar los puntos de acuerdo entre ambos países.
De eso depende la determinación de si en el futuro se continuará con una asociación tripartita como hasta ahora, con Canadá sumándose al “acuerdo” al que llegaron Estados Unidos y México, o si Ottawa opta por la opción de establecer tratados con sendos países separadamente.
Los contactos retomados el jueves, luego de la llegada de Freeland a Washington parecen ir en buen sentido, aunque es poca la información sustanciosa que trascendió sobre las mismas.
No obstante, el tono aparenta haberse apaciguado de uno y otro lado de la mesa de negociación, con lo que algunos analistas retomaron la confianza en que un acuerdo sea logrado entre ahora y el fin de semana.
El principal escollo
El problema central que enfrenta la administración federal canadiense del primer ministro Justin Trudeau no se centra en la industria automotriz, la madera de la construcción o las transacciones transfronterizas del acero.
El sistema conocido como “Gestión de la Oferta” es el que representa la prueba más difícil para la negociación de los acuerdos comerciales.
Se trata de un mecanismo que tiene por objetivo crear un marco de protección para los productores locales, principalmente de la industria láctea, y que es defendido con uñas y dientes por ese sector económico en Quebec.
Instaurado a comienzos de la década de 1970, con el objetivo de reducir o eliminar la sobreproducción y otorgar la retribución justa para los productores, el sistema se aplicó primero al sector lácteo y luego se extendió a la producción avícola.
Limitar la producción a las necesidades del mercado interno, cuando los intercambios en esos y otros rubros no habían alcanzado el tamaño que tienen en la actualidad, servía para asegurar un nivel mínimo de precios que brindara a los productores los ingresos suficientes para cubrir los costos y vivir de su actividad.
Anular la “gestión de la oferta” abriría las puertas a una competencia por parte de productores agrícolas más poderosos, principalmente estadounidenses, que tornarían a la actividad local en insostenible, y podría obligar al cierre de numerosos establecimientos.
La situación no parece de fácil definición. El primer ministro de Quebec, el liberal Philippe Couillard, advirtió a las autoridades federales que deben defender sin concesiones la gestión de la oferta ante un acuerdo de libre comercio, ya sea nuevo o reformulado.
A ese reclamo se sumó la oposición provincial, por lo menos en lo que hace al Partido Quebequense y a Quebec Solidario.
Para asegurar que los productores extranjeros respeten las normas establecidas en Canadá, el programa permite la importación de una determinada cantidad de productos agrícolas, fijando cuotas que en 2014 totalizaron 32.600 millones de dólares para el conjunto del país.
Los productos puestos bajo el paraguas del sistema de gestión de la oferta equivalen al 17 por ciento de los ingresos totales del sector agrícola canadiense.
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