Un nuevo estudio muestra que la esterilización forzada de las mujeres aborígenes no solo es una parte vergonzosa de la historia de Canadá, sino que todavía se lleva a cabo en Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario y los Territorios
Amnistía Internacional Canadá está pidiendo al gobierno federal que nombre a un representante especial para escuchar a las mujeres aborígenes que están siendo empujadas a la esterilización por el personal médico.
La organización de derechos humanos también quiere crear conciencia en el Comité contra la Tortura de la ONU sobre los casos en que las mujeres se han visto obligadas a someterse a la ligadura de trompas en Canadá.
Jacqueline Hansen, activista de Amnistía para los derechos de las mujeres, dice que las autoridades federales, provinciales y médicas deben rendir cuentas de esta práctica «deplorable», en momentos en que Canadá habla de reconciliación con los pueblos aborígenes.
El líder del Nuevo Partido Demócrata, Jagmeet Singh, sostiene que la esterilización de las mujeres aborígenes es una grave violación de los derechos humanos. Hace un llamamiento al gobierno federal para que ponga fin de inmediato a esta práctica «deshumanizadora y perjudicial» en todo el país.
La ministra federal de Servicios Aborígenes, Jane Philpott, también ha descrito la esterilización forzada de las mujeres aborígenes como una violación muy grave de los derechos humanos.
Melika Popp tuvo una ligadura de trompas en el Royal University Hospital en Saskatoon hace siete años. Ella dice que le ofrecieron la intervención médica mientras estaba en una mesa de operaciones por el nacimiento de su segundo hijo. Y que los médicos le dijeron que la operación era reversible. Photo : Jennifer Quesnel/CBC
Yvonne Boyer, abogada indígena y ex enfermera, ahora senadora de Ontario, señaló que la ligadura de trompas sin el consentimiento de una paciente aborigen sigue siendo una de las prácticas más atroces en la atención médica en Canadá.
La senadora le pide a la Cámara Alta que examine el alcance del tema a nivel nacional. Según ella, las mujeres aborígenes de diferentes partes del país confesaron haber sufrido tal trauma.
En 2017, la Sra. Boyer fue contactada por Liz, una adolescente que le pidió que no diera a conocer su apellido. Liz había leído un artículo que detallaba la investigación de Yvonne Boyer con la investigadora y doctora de Métis, Judith Bartlett.
El artículo explicaba cómo las mujeres aborígenes se vieron obligadas a la ligadura de trompas después de dar a luz en la ciudada de Saskatoon. Durante esta operación, los extremos de las trompas se cortan, se sellan o se queman para evitar el transporte de los óvulos al útero y, por lo tanto, evitar la fertilización.
A la edad de 17 años, Liz fue obligada por un trabajador de bienestar infantil a someterse a un aborto y esterilización en un hospital en el noroeste de Ontario, dice. Una experiencia que aún la persigue después de 40 años.
Ella argumentó que el trabajador de salud le había dicho que incluso si ella se negaba a abortar, «de todos modos, se llevarían a su hijo».
Yvonne Boyer, abogada indígena y ex enfermera, ahora senadora de Ontario. Foto: La prensa canadiense / Adrian Wyld
El Comité contra la Tortura de la ONU, compuesto por 10 expertos independientes, está examinando durante un mes en Ginebra los informes de los Estados signatarios de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en vigor desde 1987. El séptimo informe periódico de Canadá será analizado por el Comité el miércoles.
La presse canadienne/Radio Canadá/RCI
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