El lunes último, familiares del asesinado militante ambientalista mexicano Mariano Abarca, organizaciones sociales de México y Canadá y la entidad Mining Watch Canada se presentaron ante la justicia canadiense.
Escuche la entrevista de Kirsten Francescone, de Mining Watch Canada, con Luis Laborda:
EscucheEl motivo de la presencia ante la Corte Federal fue solicitar que se revise y anule la decisión del Comisionado para la Integridad del Sector Público (PSIC), de no investigar el rol jugado por la embajada canadiense en la situación que llevó al asesinato de Abarca.
El militante social fue muerto a tiros frente a un local comercial perteneciente a su familia, luego de una ardua lucha, junto a organizaciones sociales y vecinos, para oponerse a un proyecto de minería, que la firma canadiense Blackfire Exploration llevaba adelante en la localidad de Chicomuselo, Chiapas.
José Luis Abarca, hijo de Mariano, estuvo en la audiencia judicial en Ottawa. Foto: Susan Murdock/MiningWatch Canada.
La iniciativa implicaba la explotación de un proyecto de minería a cielo abierto, que la comunidad local denunciaba que agravaría la situación ambiental en una zona donde ya había deforestación, enfermedades que afectaban a los animales y donde las aguas de los ríos y arroyos son usadas por las comunidades para subsistir.
Pocos días después del crimen que se cobró la vida de Abarca, la Secretaría de Medioambiente de Chiapas decidió el cierre temporal de la mina.
Los denunciantes sostienen que la embajada en México no ayudó a impedir una muerte evitable. Foto: Susan Murdock/Mining Watch Canada.
En relación con el caso, el fiscal general canadiense sostiene que las instrucciones a las embajadas sobre conflictos con comunidades locales en el extranjero no forman parte de políticas oficiales de gobierno.
El argumento se convierte en una traba mayor para todo reclamo por parte de quienes se sientan damnificados por las acciones de las firmas, ya que dichas instrucciones no serían de aplicación obligatoria. Se trataría de meras “recomendaciones” y, como tales, su ejecución queda al libre albedrío de los servidores públicos canadienses en el exterior.
Escuche la entrevista de José Luis Abarca con Luis Laborda:
EscucheEntre esas normas se cuenta el Código de Ética y Valores con el que cuenta el Comisionado, quien se ocupa de supervisar el desempeño de los trabajadores del sector público.
Las autoridades de la embajada canadiense en México son acusadas de haber desoído los reiterados pedidos de Abarca, para intervenir en defensa de su integridad física, ante la ola de amenazas que él y quienes participaban en las protestas contra la mina recibían a diario.
En Chicomuselo siguen esperando justicia para Mariano Abarca. AP Photo/Eduardo Verdugo.
No sólo el ambientalista, sino otras personas sostuvieron, y siguen diciendo lo mismo en día, que quienes los amenazaban y llevaban a cabo acciones de amedrentamiento eran empleados de Blackfire.
La investigación sobre el caso nunca avanzó.
En septiembre de este año se cumple el décimo aniversario del asesinato de Mariano Abarca, su familia, ex compañeros, organizaciones sociales y entidades tanto en México como en Canadá siguen pidiendo justicia.
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