A fin de cumplir con sus compromisos firmados en el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015, cuyo objetivo es evitar sobrepasar los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, el gobierno de Canadá aprobó una legislación en 2018 que exige a todas las provincias que impongan algún tipo de «precio a la contaminación», ya sea a través de un impuesto al carbono o un régimen de tope y comercio.
Como parte de esa legislación, Ottawa estableció normas nacionales de precios al carbono con el objetivo de frenar el uso de combustibles fósiles. El impuesto, que este año asciende a 40 dólares por tonelada, aumentará drásticamente en la próxima década, ya que Canadá busca llevar adelante una ambiciosa transición económica de los combustibles fósiles a las fuentes renovables de energía.
Los gobiernos de varias provincias canadienses, entre ellas Alberta, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, se opusieron a esta decisión del gobierno federal e impugnaron colectivamente desde el 2019 la medida en las cortes de justicia, llegando hasta la Corte Suprema de Canadá.
Este jueves 25 de marzo, en una decisión de 6 votos contra 3, la máxima corte de Justicia en Canadá determinó que el gobierno federal tiene toda la facultad constitucional para imponer normas de precios al carbono a nivel nacional.
La plataforma electoral de los liberales prometía políticas de reducción de la contaminación medioambiental. (Foto: REUTERS/Tim Wimborne)
Esta decisión le permitirá al gobierno del primer ministro liberal Justin Trudeau continuar adelante con su ambicioso plan para asegurarse que todas las provincias y territorios en Canadá establezcan un precio del carbono para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, que han generado una crisis medioambiental mundial.
Esta decisión es un revés para las provincias encabezadas por gobiernos conservadores, como Alberta, Ontario y Saskatchewan, que se han opuesto encarnizadamente al establecimiento de un impuesto al carbono, alegando que la gestión de los recursos naturales es materia de competencia provincial, según la Constitución de Canadá.
En el texto declarando ese fallo, Richard Wagner, presidente de la Corte Suprema, destacó que el gobierno federal puede imponer normas mínimas de precios debido a que la amenaza del cambio climático es tan grande que exige un enfoque nacional coordinado.
El juez estuvo de acuerdo con los abogados del gobierno de Canadá quienes argumentaron que el cambio climático es un asunto urgente de interés nacional y dijo que es constitucionalmente legítimo que Ottawa tome la iniciativa ante una amenaza que cruza las fronteras provinciales.
«El cambio climático es real. Es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero que son resultado de las actividades humanas, y representa una grave amenaza para el futuro de la humanidad».
Richard Wagner, presidente de la Corte Suprema de Canadá.
Jurídicamente, el presidente de la Corte Suprema determinó que Ottawa puede imponer esas normas de precios al carbono a nivel nacional en virtud de la cláusula de «paz, orden y buen gobierno» de la Constitución, que le otorga al gobierno de Canadá la autoridad de promulgar leyes para tratar cuestiones que afectan a todo el país.
El presidente de la Corte Suprema de Canadá, Richard Wagner. (Foto: Justin Tang/PRENSA CANADIENSE)
La doctrina de “paz, orden y buen gobierno» se aplica cuando existe una «incapacidad provincial para tratar el asunto» y cuando la «falta de cooperación de una o más provincias impediría a las otras provincias abordar una situación con éxito».
Desde esta perspectiva, el fallo de la Corte Suprema afirmó que una búsqueda de soluciones sin coordinación, con algunas provincias que se niegan a imponer un precio al carbono, dificultaría la lucha colectiva de Canadá contra el cambio climático.
Wagner destacó que existe un «amplio consenso entre los organismos internacionales» de que el establecimiento de un precio al carbono es una «medida crítica para la reducción de las emisiones de las emisiones causante del efecto invernadero».
- Rechazos al impuesto federal al carbono
- El gobierno de Manitoba cuestiona también el impuesto federal al carbono
- Gobierno canadiense defiende impuesto al carbono
- Corte de Apelaciones de Ontario se pronunciará hoy sobre el impuesto al carbono
- Impuesto al carbono enfrenta a Alberta y el gobierno canadiense
- Impuesto al carbono: Saskatchewan acudirá a la Corte Suprema de Canadá
- Impuesto al carbono: combate judicial imprevisible ante la Corte Suprema de Canadá
Los jueces Russell Brown y Malcolm Rowe se mostraron en desacuerdo con la decisión de la mayoría y escribieron extensas opiniones discrepantes en respuesta a Wagner.
Según el juez Brown, el tema en cuestión corresponde a la jurisdicción provincial». Desde su perspectiva, las implicaciones de este fallo “van mucho más allá de la ley [del impuesto sobre el carbono], abriendo la puerta a la intrusión federal, mediante la imposición de normas nacionales, en todos los ámbitos de la jurisdicción provincial, incluidos el comercio y el intercambio intraprovincial, la salud y la gestión de los recursos naturales. Está destinado a provocar graves tensiones en la federación».
Los delegados del Partido Conservador de Canadá, liderado por Erin O’Toole, consideran que el cambio climático no es real. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick)
En declaraciones a la prensa tras la sentencia, el ministro federal de Medio Ambiente, Jonathan Wilkinson, dijo que el debate sobre la fijación del precio del carbono ha terminado y que el máximo tribunal ha afirmado que «la fijación del precio del carbono es parte integrante de cualquier «plan creíble» para reducir las emisiones.
Desde las filas de la oposición, encabezada por el Partido Conservador de Canadá y su líder Erin O’Toole, el rechazo al impuesto al carbono es absoluto.
El pasado fin de semana, los delegados que participaron en la convención política de este partido votaron en contra de una resolución que destacaba que «el cambio climático es real».
En un comunicado, O’Toole declaró que, si es elegido al cargo de primer ministro de Canadá, abolirá «el impuesto liberal sobre el carbono», que, según él, «amenaza cientos de miles de puestos de trabajo» y pone a Canadá en desventaja competitiva en el mundo.
Fuentes: CBC / J. P. Tasker / UN Climate Change / Canadian Press / RCI
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.